Kenia Hernández, justicia a medias
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 28 de mayo de 2026. La abogada Kenia Hernández Montalván es mujer, es indígena amuzga, es defensora de derechos humanos, es guerrerense, y pronto cumplirá seis años en prisión, pero, si no cambian las cosas, pasará todo el Año Internacional de la Mujer Indígena, y otros 15 más, entre las rejas.
Lo peor del caso: según todas las evidencias, está purgando penas por delitos que no cometió.
Su caso se ha convertido, desde 2020, en uno de los expedientes más emblemáticos sobre la criminalización de la protesta social en México, y en el primero en su tipo dentro de los tiempos de la 4T. Andrés Manuel López Obrador llevaba dos años gobernando el país cuando, a petición de Caminos y Puertos Federales (Capufe), la Fiscalía General de la República abrió ocho causas penales contra Kenia Hernández por el delito de ataques a las vías generales de Comunicación, y entre 2021 y 2022 recibió sentencias que, acumuladas, sumaban 21 años de prisión.
Se le acusó de haber robado 7 mil pesos a la empresa operadora de la caseta La Hortaliza, en Puebla, donde el Colectivo Libertario Zapata Vive, que dirigía la activista, había realizado una protesta. En realidad, no era un robo en sí, sino lo que la empresa estimó como pérdida por lo que los conductores dejaron de pagar durante la protesta.
Luego se le acusó en el estado de México de haber robado 500 pesos en un vehículo particular, como Jean Valjean, el personaje de Los Miserables de Víctor Hugo, perseguido por haberse robado un pan.
Desde 2020 hasta mayo de 2026, Kenia Hernández estuvo en diversas cárceles: en Penal del Altiplano, antes Almoloya; en el Cefereso femenil 16, de Morelos; y actualmente en el Penal Femenil Neza Sur, en Edomex, por los delitos federales. Cuando lograba demostrar su inocencia en uno, Capufe le imputaba otro. Ocho en total. Pero ahora tres jueces federales concluyeron que en realidad los elementos aportados por la Fiscalía no eran suficientes para acreditar las imputaciones y (sin el “usted disculpe” consabido) le otorgaron la libertad por absolución.
Pero Kenia sigue en prisión. Por los mismos hechos que ya desestimaron los jueces federales, pero en el ámbito local, en el Segundo Circuito en material penal del Estado de México, se siguen dos casos.
Lo curioso es que los abogados de Kenia han podido demostrar con diversos mecanismos, como geolocalización, fotografías y metadatos, que ella se encontraba en Xochistlahuaca cuando los hechos que le imputan estaban ocurriendo en Ecatepec, Estado de México.
El caso de Kenia Hernández no solo es sintomático por la forma en que ocurre, es decir, con acusaciones sin sustento, y por delitos que no lo eran. En 2022, el gobierno mexicano modificó las leyes para tipificar la toma de autopistas como parte de protestas sociales, pero a Kenia se le acusa por esos “delitos” en 2020, esto es, dos años antes de que existieran legalmente.
También, es singular porque ocurre en gobiernos de la 4T, y por la saña que se ha ejercido contra ella, pues mientras otros colectivos en el país, y en Guerrero particularmente, continuaban realizando tomas de casetas sin que se les aplicara una sanción, solo a Kenia le aplicaron, y no una, sino ocho causas federales y dos estatales de un solo tiro.
En abril de 2022, ya estando en prisión, Kenia Hernández recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”, que otorgan 40 organizaciones por ser -según informó el comité encargado de entregarlo, “defensora de derechos humanos de población indígena y campesina, feminista, actualmente presa de manera injusta”.
Hoy, Kenia ya está libre de ocho cargos federales. Pero, en los hechos, sigue, como el primer día, encarcelada.
