La represión y la impunidad se mantienen gobierne quien gobierne: dicen víctimas y familiares
- “No nos pueden pedir que seamos tranquilos en Guerrero, si siempre nos han reprimido”: Ceteg
- Recuerdan en conferencia la matanza de El Charco, el asesinato de Antonio Vivar, y la agresión a maestros de la Ceteg el pasado 1 de junio en Ciudad de México
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 07 de junio de 2026. Independientemente de qué partido gobierne, la represión, la impunidad y el cacicazgo siguen funcionando en México y en Guerrero, advirtieron víctimas, y familiares de distintos hechos de represión ocurridos en Guerrero en la ciudad de México, pero conectados con la entidad.
En conferencia de prensa, acordada para recordar la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998; el asesinato por policías federales del activista Antonio Vivar Díaz en Tlapa, el 7 de junio de 2015; el ataque a dos maestros en la protesta de la Ceteg en la Ciudad de México el 1 de junio pasado; así como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se planteó que desde los tiempos de la Guerra Sucia hasta la fecha la represión ha continuado de manera sistemática.
“No vamos a decir es que cuando era el PRI gobierno era cuando sucedían los hechos. No, la realidad nos impone y nos dice que siguen sucediendo los hechos atroces, que se sigue reprimiendo a la gente, que se sigue agrediendo a los maestros, así como antaño, así como ha pasado allá con los caciques de Guerrero, acá en la ciudad de México sigue sucediendo”, señaló Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
En la conferencia participaron, además, Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Coordinadora Estatal e Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg); Eustolia Castro Ramírez, presidenta del Comité de Sobrevivientes y viudas de El Charco; Ángel García García, hijo de un sobreviviente de El Charco e integrante de la CRAC-PC; Isidoro Vicario Aguilar, en representación de los familiares de Antonio Vivar Díaz; Octavio Romero Gerónimo, uno de los dos profesores que recibieron balas de goma en la protesta del zócalo en la Cdmx el pasado lunes; Blanca Judith Martínez González Blanca Judith Martínez González y Jerónima González, sobrina y hermana del profesor Proceso González Columbo, lesionado con una bala de goma en la protesta del zócalo; e Hilda Hernández Rivera, madre de los 43 de Ayotzinapa.
Abel Barrera hizo un recuento de los distintos actos de represión cometidos por el estado, desde la desaparición de Rosendo Radilla en 1974, hasta la agresión a los maestros de la Ceteg Proceso González y Octavio Romero por parte de la policía el lunes pasado en la Ciudad de México.
“No porque haya otro partido -dijo- podemos decir que hemos transitado a una verdadera democracia: siguen los grupos políticos, los caciques de aquellos años, junto con el presidencialismo atroz, autoritario”.
Elvira Veleces Morales, secretaria general de la CETEG, quien moderó la mesa, señaló que “estos crímenes hacen que en Guerrero no nos pueden pedir que seamos pasivos ante el sistema, que seamos tranquilos o que estas no son las formas, o que digan esos liderazgos no son responsables porque exponen a su gente, y nosotros más bien decimos que es el poder que busca apaciguar todas esas voces que salen a las calles y que se manifiestan”.
Luego vinieron los testimonios de los directamente afectados. Eustolia Castro Ramírez, presidenta del Comité de Sobrevivientes y viudas de El Charco, señaló que en 28 años que hoy se cumplen de la matanza, no habido justicia para víctimas ni sus familiares. Dijo que el gobierno solo construyó un albergue, un centro de salud y una secundaria en la comunidad de El Charco, donde ocurrió la matanza, sin embargo, precisó, la mayoría de las personas que estuvieron en la escuela Caritino Maldonado, donde ocurrió el ataque, provenía de otras comunidades como Ocote Amarillo, El Paraíso o La Palma, y en El Charco solo pernoctaron.
A estas comunidades, dijo, no les ha llegado ningún apoyo, ni a las familias de las víctimas. En su caso, recordó que estaba embarazada cuando su esposo fue asesinado, y su hija tuvo que abandonar sus estudios para sobrevivir. Con el tiempo, señaló, han cambiado los partidos en el gobierno, pero la situación sigue siendo la misma. El caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sigue sin avanzar porque hay muchos casos que están antes, y entonces los sobrevivientes poco a poco van muriendo.
Ángel García, hijo de un sobreviviente de El Charco, señaló que aunque han pasado 28 años, “el tiempo no ha significado justicia, no ha significado reparaciones de daños, ni mejores condiciones de vida a quienes sobrevivieron ni a los hijos de quienes perdieron la vida”.
Al contrario, relató que en 2013, él y su padre fueron detenidos en la casa de Justicia del Paraíso, por el solo hecho de pertenecer a la policía comunitaria de la CRAC-PC, y nuevamente su familia vivió la angustia de la cárcel de su padre y ahora él.
Pero además, dijo, no se ha dado oportunidades a los hijos de los sobrevivientes o las víctimas, para continuar estudiando y poder tener un desarrollo de vida diferente.
Expresó que por eso siguen vigentes sus demandas, como el reconocimiento histórico del Estado sobre su deuda con las víctimas y sobrevivientes; un programa de justicia y reparación para las víctimas directas e indirectas; apoyo educativo para hijas e hijas de las víctimas con becas y acompañamiento, e inversión real para combatir el rezago económico.
“No queremos privilegios, no pedimos favores; exigimos nuestros derechos, exigimos justicia, que este caso no quede impune”, señaló.
El abogado Isidoro Vicario Aguilar, hizo una semblanza de Antonio Vivar Díaz, quien era estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y participaba en la jornada de protesta por la desaparición de los 43 normalistas, en la toma del palacio municipal de Tlapa. Ahí, señaló, fue asesinado por policías federales que le dispararon directamente, y aunque hay testimonios que identifican a los autores, no se ha detenido a nadie, y ni siquiera se ha consignado a un juez la carpeta de investigación, que está detenida en la Fiscalía.
Octavio Romero Gerónimo, maestro que recibió un balazo de goma en la cara el 1 de junio pasado, por parte de policías, dijo que cuando le dispararon, él alcanzó al policía que lo encañonó, no disparó al aire sino directamente, por eso por instinto logró moverse y aunque salió herido, no tuvo tantas consecuencias como su compañero, que está grave y perdió un ojo.
Blanca Judith Martínez González, sobrina del profesor Proceso González, quien perdió el ojo, y maestra ella también, que participaba en la marcha de la CNTE-Ceteg en esos momentos, relató el viacrucis que tuvo que pasar para que pudieran atender a su tío en el hospital del Issste, pues los médicos buscaban uno y otro pretexto para no hacerlo.
“Nunca perdió la conciencia. Dijo que no quiere que lo jubilen, que quiere seguir activo, porque tiene un compromiso con su centro de trabajo, que es mejorar su escuela y que lleguen más maestros a la escuela de Cochoapa”, contó.
Su madre, y hermana del mismo profesor, pidió justicia para su hermano lesionado, y también pidió a los medios respetar su dolor como familia y no difundir versiones falsas, y aclaró que la familia no está pidiendo apoyo económico del público a través de ninguna cuenta bancaria.
Hilda Hernández Rivera, madre de uno de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, dijo que también en su caso no ha habido avances en la investigación, y el gobierno de la República se ha negado a entregar 800 folios del Ejército en los que se cree que puede haber información importante sobre el caso. Expresó su respaldo a la Ceteg y las organizaciones que se movilizan por los intereses de la población.
Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección Novena, en representación de la CNTE, dijo que el gobierno se pregunta si hay infiltrados dentro del movimiento magisterial, y respondió que no, que lo que hay es “indignación y una digna rabia”.
“Hoy -añadió- pensamos que tenemos que reivindicar, principalmente en Guerrero, la lucha histórica de los Galeana, de Vicente Guerrero, de Matamoros, de Altamirano, pero también de Rosendo Radilla, que se vuelve un hecho paradigmático por los desaparecidos, pero también los Mesinos, de Ranferi Hernández, Arturo Hernández, Luis Olivares, Marco Antonio Suástegui, también de Raymundo Velázquez”.
