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* En el Club de Periodistas recuerdan a Juventina Villa, asesinada hace siete años

 

HERCILIA CASTRO   /

 

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2019. De nueva cuenta los desplazados se hicieron escuchar, esta vez para exigir una Ley de Desplazados que los proteja y reconozca como víctimas de la violencia derivada de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Una ley que ya está en la en la mesa del Congreso y debería ya aprobarse este año.

Leonor Ochoa, Juana Alonso, y Mariana Pérez, familiares de Juventina Villa Mojica, campesina y defensora de los bosques en La Laguna, Coyuca de Catalán, y que fue asesinada hace siete años, están presentes en el Club de Periodistas. Están acompañadas por la abogada María Elena Hernández, integrante de la Asociación de Abogados Mexicanos del Pueblo (AMAP), el coronel José Francisco Gallardo Rodríguez, el diputado Javier Manzano Salazar e integrante de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de La Unión, y un ausente senador Emilio Álvarez Icaza, quien no se presentó a escucharlos.

Este pasado 28 de noviembre se cumplieron siete años de la ejecución de Juventina Villa Mojica, acribillada frente a sus hijos de 10 y 6 años de edad. Villa Mojica, era esposa del también ecologista y defensor de los bosques de la sierra de Coyuca de Catalán, Rubén Santana Alonso, quien luchaba contra la tala inmoderada de los caciques empeñados en deforestar esa sierra. La defensa al medio ambiente, le costó a Santana Alonso y a Villa Mojica, la vida propia y también, la de 26 familiares ejecutados posteriormente, presos políticos y tres familiares desaparecidos desde 2012, además del desplazamiento interno forzado de cientos de habitantes de las comunidades Hacienda de Dolores, y La Laguna, pertenecientes a Coyuca de Catalán.

“Las agresiones, -denuncian- nos han causado mucho dolor y sufrimiento, vivimos en la pobreza, no sabemos en qué momento nos van a matar”. Vivimos desplazados sin un lugar dónde vivir”.

Leonor no puede con las lágrimas, durante siete años ha pasado de vivir en La Laguna a estar en la Costa Chica, o saliendo a otros estados por la zozobra de la persecución. Los desplazados, en zonas de conflicto armado, se ha documentado que sufren graves daños psicológicos, además de problemas de salud y los económicos. En un informe de la Comisión Mexicana de Promoción y Derechos Humanos, explica que como consecuencia de los patrones de violencia en México desde 2006 y en particular 2008, al menos 12 estados han sufrido éxodos de personas, entre ellos, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora y Ciudad Juárez. A nivel mundial, hay 63.5 millones de desplazados por conflictos armados, migración o desastres naturales.

Las consecuencias en la salud mental del desplazado, describe la investigadora Edna Johanna Herrera Merchán, con sede en Bucaramanga, Colombia, produce que las personas desplazadas por conflictos armados, tiendan a desarrollar sentimientos de desesperanza e ideación suicida como ha sucedido en ese país, pues los desplazados tienen emociones de miedo, , pánico, e incluso somatizaciones  y reacciones fuera de lugar, es  decir, reacciones incontroladas de terror, siendo una clara evidencia del trastorno por estrés postraumático. Este trastorno, subraya, les marcará durante una buena parte de su vida, por ello es necesaria la ayuda psicoterapéutica y el apoyo psicosocial que puedan dar las instituciones del Estado.

Juana Alonso, madre del ecologista Rubén Santana Alonso, lo sabe, está sentada en la mesa relatando lo que es vivir sin tierra, sin casa, sin un lugar donde no se sienta perseguida.

La Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo ha puesto sobre la mesa que se retome la iniciativa de Ley General para el Desplazamiento Forzado Interno, cuyo texto está durmiendo ahora en la Cámara de Diputados. El objetivo, dice la abogada María Elena Hernández, es que el Estado reconozca por fin a las víctimas desplazadas, y se cumpla con la deuda de la seguridad que desde hace años, hace falta.

La iniciativa de Ley para el Desplazamiento Forzado Interno (DFI), se ha presentado en varias ocasiones en la Cámara de Diputados. El 23 de abril de 1998 se propuso una iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente en la Cámara de Diputados, pero, a pesar de haber sido impulsada originalmente por diputados de diversos grupos parlamentarios (PAN, PRI, PRD, PT y PVEM), los esfuerzos no fructificaron, ya que la iniciativa quedó pendiente en comisiones hasta que fue desechada el 23 de noviembre de 2011 por la mesa directiva de la Cámara. En el año 2004, el 30 de marzo, el diputado del Partido de la Revolución Democrática Emilio Zebadúa González promovió una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4o. constitucional la figura de desplazados internos, con fundamento en el derecho internacional humanitario.

El 27 de noviembre de 2012, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso un punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara, en el cual se exhorta al presidente de la República, para que remita al Senado un análisis de la dimensión de la problemática de los desplazados internos por la violencia e Inseguridad que se vive en México y, para que haga del conocimiento de esta Cámara, los programas públicos y/o acciones que instrumentó a lo largo de su administración, para combatir el desplazamiento interno en nuestro país.

Este punto de acuerdo se determinó como de urgente y obvia resolución.  Y, el pasado 6 de diciembre del 2018, el diputado Sebastián Aguilera Brenes, del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, presentó la iniciativa que adiciona el artículo 287 Bis y un Capítulo III al Título Décimo Octavo del Código Penal Federal la cual tiene el objetivo de tipificar el desplazamiento forzado como delito en dicho Código como un primer paso para prevenir y sancionar este problema respecto a los derechos de las personas y la reparación del daño.

El pasado 19 de febrero de 2019, nuevamente la iniciativa de Ley tuvo voz en el Congreso, aunque aún falta el dictamen y aprobación.

Las desplazadas de La Laguna y de Hacienda de Dolores, leyeron una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador relatando su viacrucis:

“Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, sabemos que usted intenta gobernar de una manera diferente a la que hasta ahora fue. Sabemos de su sensibilidad por las causas justas del pueblo de México y por sus sufrimientos. Sabemos que su corazón vibraría con nuestro dolor, si usted lo conociera. Es por eso que hoy le pedimos que el gobierno que usted representa con funcionarios e instituciones, con el marco lega existente, atienda el caso de La Laguna y Hacienda de Dolores, así como otros casos de desplazados en Guerrero y en el país.

Usted ha dicho que el estado mexicano hoy, no es más ese estado criminal que perpetró tantos abusos contra el pueblo. Tomamos ese mensaje suyo como cierto, y acudimos ante usted para trabajar juntos por nuestra causa”. Los desplazados, esperan un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, aunque ahora su avance ha sido ya estar esta semana pasada con el sub secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

 

 

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