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* Recibió el Ayuntamiento 490 millones de pesos de la Federación, asegura la secretaria técnica del Consejo de Seguridad

SANTIAGO HERRERA   /

 

Acapulco, 16 de noviembre de 2017. La secretaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nybia Solís Peralta, urgió al gobierno municipal de Acapulco a liquidar a los 600 policías que se encuentran reprobados en control y confianza, pues argumentó que pueden hacerlo, ya que cuentan con ayuda económica extraordinaria, en materia de seguridad, de aproximadamente 490 millones de pesos, de programas federales.

Solís Peralta indicó que la administración municipal ya se encuentra notificada de que parte de su policía municipal no está aprobada en los exámenes y que “dentro de esa policía, también tiene una parte de adultos mayores que ya no le son funcionales”.

Recordó que una administración pasada, sin detallar cual, un alcalde logró liquidar a alrededor de 400 elementos, por lo que dijo, es algo que ella misma ha pedido que puedan hacer, liquidar a los policías que no aprobaron los exámenes.

En ese sentido, consideró que el municipio sí puede lograr la liquidación debido a que “manejan un recurso de mas de 400 millones de pesos en Fortamun, y luego tienen más de 90 millones en Fortaseg, digo, tienen que destinar algo para poder ya liquidar a esos policías que no están aprobados en los exámenes de control y confianza”.

El programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), es un programa federal que se otorga a los municipios que ejercen la función de seguridad pública en coordinación con su estado. Dicho subsidio se destina con la finalidad de realizar evaluaciones de confianza de sus elementos, capacitación, mejora de condiciones, equipamiento, construcción de infraestructura, entre otras.

Solís Peralta abundó en que el municipio por ley, tiene 45 días después que fue notificado sobre los resultados de los exámenes de control y confianza para que liquide a los policías de lo contrario puede ser sancionado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta primera notificación tiene un término de 45 días, a Acapulco se le entregó la semana pasada.

“Si bien la ley en ese sentido nos dice que es competencia del alcalde y que al no estar evaluados, lo que tiene que hacer es retirarlos de ser operativos, si no los liquida, a fin de cuenta sigue siendo lo mismo porque aunque los sienten, hay un lugar que está ocupando de alguien, un lugar que puede ocupar un policía que puede venir a cuidar a ti hoy, que esté evaluado y capacitado”, señaló.

Solís Peralta también informó que en lo que va del año, la administración ha ejecutado casi al 100 por ciento el recurso con el que cuentan para seguridad, caso contrario, dijo, de cuando llegaron a la administración en el 2015, pues había “recursos del 2012, del 2011 sin ejecutar en materia de acciones de mejoría para los policías”.

“Hubo omisión de las otras administraciones, que en ese tiempo no existía la ley de disciplina financiera, no había obligación de que tenia que ejecutarse el recurso y nada más lo que hicieron fue guardarlo, ¿para qué? no sabemos, pero no lo aplicaron donde se tenía que aplicar, en los tiempos que se tenia que atender”, señaló, e indicó que el monto era de aproximadamente 50 millones de pesos.

“Ese recurso lo reprogramamos, el gobernador tuvo a bien, atinadamente hacer por ejemplo, aquí en Acapulco el 911 estaba en Progreso y los C4 estaban en el edifico inteligente, una de las acciones que se hicieron con ese recurso fue, que un C4 debe de ser integral, va junto al 911 y el monitorista, entonces que hicimos, bajamos el 911 al CI y tenemos un C4 integrado, como debe de ser, como la norma lo marca, con los telefonistas y los monitoristas coordinados, de manera que la denuncia que se haga tenga un vínculo y una atención correspondiente”, dijo.

Solís Peralta encabezó el Encuentro Regional de Prevención Social en Guerrero, en donde acudieron delegaciones de los municipios de Atoyac, Coyuca, Ayutla y San Marcos, mientras que Tecoanapa y Tierra Colorada no asistieron, lo que generó que Solís Peralta realizara un enérgico llamado de atención.

“El reclamo es, se hace un esfuerzo de venir y mover y traer a una estructura, para que podamos conocer lo que ellos están haciendo y de qu+e manera les ayudemos, es una invitación para que vinieran a explicar lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que hicieron y no les salió, y que dificultades tienen para hacerlo, pero pues no se acercaron”, reclamó.

Durante la reunión, las delegaciones de los municipios que asistieron, reclamaron la falta de recursos y material para trabajar en las comunidades en la prevención social, hecho que lamentó Solís Peralta, señalando que se debe a que el recurso destinado en materia de prevención del gobierno federal, fue suspendido.

Explicó que el recurso fue “direccionado a que pasara a ser parte de la participación del estado, y en el caso de los municipios yo me he encargado desde el año pasado en que en su fortamun, consideren un porcentaje dirigido a prevención social, porque de verdad yo reiteré que es mejor hacer prevención social que prevención del delito”.

 

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