Crimen asume funciones de gobierno en Guerrero, acusa exsecretario del INE

• Afirma Edmundo Jacobo Molina que el proceso interno de Morena para elegir coordinadores de la 4T constituye un acto anticipado de campaña

REDACCIÓN /

Acapulco, 30 de julio de 2026. El proceso interno que Morena desarrolla en Guerrero y otras entidades del país para designar a sus coordinadores de la Cuarta Transformación constituye, a juicio del exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, un acto anticipado de campaña que vulnera la legislación electoral, al considerar que quienes resulten electos serán posteriormente los candidatos del partido.

Durante su participación en la sesión semanal del Grupo ACA y en entrevistas concedidas posteriormente a medios de comunicación, el también director del Centro de Formación y Profesionalización Política de Somos México sostuvo que la autoridad electoral ha permitido este tipo de mecanismos, pese a que, dijo, anticipan la contienda constitucional.

“Indudablemente es un fraude a la ley porque los que van a resultar coordinadores de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional van a terminar en las boletas electorales del 6 de junio, eso es a todas luces fraude a la ley, es tratar de darle la vuelta y lo triste del asunto es que no solamente esté prohibido sino que la autoridad competente para señalar eso y detener eso, no está actuando en consecuencia”, expresó.

Añadió que una situación similar podría presentarse con el PRI mediante la figura de los llamados “defensores de México”, al considerar que ambas fuerzas políticas recurren a denominaciones distintas para adelantar sus procesos de selección de candidatos.

En otro de los temas que abordó, Jacobo Molina afirmó que Guerrero enfrenta uno de los escenarios más complejos del país por la intervención del crimen organizado en asuntos públicos, al grado de que, aseguró, en algunas regiones los grupos delictivos desempeñan funciones que corresponden a las autoridades.

“Yo creo que Guerrero es uno de los estados que está viviendo una problema más serio de injerencia del crimen organizado en la vida pública, porque hay evidencia de que hay lugares donde el crimen organizado está haciéndola de gobierno, facilitando, por decirlo entrecomillado, trámites públicos, permisos para construcción, permisos de tránsito de autotransporte. Ustedes tienen indicios de hechos narrados por la población donde hay indicios muy claros al respecto, incluso inhibición de candidatos o funcionarios públicos que han perdido la vida por fuerzas del crimen organizado”.

Al preguntarle en qué regiones identificaba esa situación, respondió: “Es el corredor que va de aquí (Acapulco), Chilpancingo, Chilapa, Tlapa… hay muchas narraciones no recientes sino de tiempo atrás respecto a la injerencia del crimen organizado en el control de toda la zona territorialmente hablando y administrativamente hablando”.

Como ejemplo del nivel de violencia que vive la entidad, mencionó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, al señalar que ese hecho fue utilizado por grupos criminales para enviar un mensaje de intimidación.

Respecto a la influencia del crimen organizado en las elecciones, afirmó que desde los comicios de 2021 existen indicios de intervención en distintos estados del país.

“Hay ciertos saltos que no se explican sino es por una injerencia extraelectoral”, respondió al ser cuestionado sobre las evidencias de esa afirmación.

Añadió que en entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco hubo “ciertos resultados electorales que tú podías esperar que pudiera ganar el actual gobernador o gobernadora, pero por 3 o 4 puntos, no por 7, 8, 9, y esas diferencias se explican en muchas ocasiones por la actuación de agentes que pudieran ser del crimen organizado, que inhibieron ciertas conductas o incidieron en determinados lugares de cierta manera para inhibir al electorado o para propiciar con amenazas que el electorado se inclinara por tal o cual candidato”.

Sobre el mecanismo para revisar posibles vínculos de aspirantes con organizaciones delictivas, consideró que la propuesta de someter esa evaluación a instancias del gobierno federal puede prestarse a decisiones políticas.

“La intención es buena, pero el método es malo porque estás dejando en manos de instancias del actual gobierno o el futuro decisiones donde podría tomarse una decisión con fines políticos y no necesariamente por seguridad”, señaló.

En ese sentido, propuso que sean los partidos políticos quienes asuman la responsabilidad de revisar los perfiles de sus candidatos y que, cuando se compruebe la existencia de vínculos con la delincuencia organizada, las sanciones alcancen también al instituto político que los postuló, incluso con la pérdida de su registro.