ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 04 de enero de 2022.
El nombramiento de Sandra Luz Valdovinos Salmerón como titular de la Fiscalía General del Estado estuvo marcado por la tormenta. Primero, debido al proceso de selección que generó lo que pudiera verse como un conato de crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo; y luego, por su historial militar y las voces que, desde los movimientos sociales, se han levantado para cuestionar la designación.
Lo cierto es que más allá del ventarrón que provocó su llegada, es un hecho consumado que ella es la segunda mujer en la historia del estado en ocupar este cargo. Es, se ha dicho, el tiempo de las mujeres.
Guerrero no es un estado fácil en el tema de la procuración de justicia, y el órgano encargado (antes Procuraduría y hoy Fiscalía), constantemente ha estado bajo sospecha.
Durante el gobierno de René Juárez Cisneros, el entonces procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, entregó al Congreso del estado un informe en el que señalaba una serie de anomalías con que funcionaba la dependencia, y la versión de que varios agentes y ministerios públicos estaban coludidos con la delincuencia organizada, y luego renunció al cargo… aunque más tarde volvió a ocuparlo.
Fue el momento más álgido en la historia del órgano procurador, porque, aunque ha habido señalamientos, inclusive algunas denuncias contra sus funcionarios, o asesinatos sin aclarar de agentes, nunca se han investigado. No es casual la versión sin confirmar -entre otras cosas porque asuntos de este tipo no se confirman nunca- que agentes ministeriales podrían estar implicados en el asesinato del en su momento coordinador del Congreso, Armando Chavarría Barrera. Ni tampoco es de desdeñarse el video que circuló en redes sociales unos días antes de la renuncia del entonces fiscal Zuriel de los Santos, donde este aparece reunido con presuntos grupos criminales.
La corporación que recibe Valdovinos Salmerón es en sí misma una papa caliente. Quizá su formación militar pueda servirle de mucho para poner orden dentro de la institución, pues las denuncias públicas se extienden a ministerios públicos y agentes tanto en las oficinas centrales como los ubicados en los más recónditos rincones del estado.
En esas condiciones, la lucha contra la delincuencia es difícil, y más se complica si no se cuenta con las herramientas adecuadas para trabajar. La Fiscalía tiene en la actualidad un presupuesto de 1,330 millones de pesos, cifra que se ve astronómica, pero que al parecer no alcanza ni para papelería, mucho menos para introducir tecnologías -computadoras, programas- para hacer investigaciones científicas que permitan solucionar los casos.
Sin embargo, no solo es lo interno lo que debe resolver la fiscal. Guerrero es un estado con muchos agravios y con muchos delitos sin resolver. Están los casos históricos, como los asesinatos de luchadores sociales que fueron ignorados por los gobiernos del PRD y del PRI, pero que siguen abiertos. Durante el período de Ángel Aguirre 13 luchadores sociales fueron asesinados en un solo año, 2013; y durante el de Zeferino Torreblanca 10 periodistas fueron ejecutados, así como Armando Chavarría, y también varios luchadores sociales; durante el de Héctor Astudillo fueron asesinados siete periodistas. No son casos que deban investigar las comisiones de la verdad, no son casos del pasado, son de un presente que todavía no se cierra.
Y siguen pendientes de investigación otros múltiples asesinatos, algunos que han conmovido a la sociedad, como los de mujeres en Acapulco en los últimos tres años, pero también en otras regiones del estado. La cauda de desapariciones de personas sin investigar es una cruel herida abierta, demasiado lacerante.
El origen militar de la actual fiscal, que podría ayudarle en estos casos, también es un talón de Aquiles.
Guerrero es un estado donde los militares tienen una larga y cruenta historia, que pasa por la guerra sucia, el asesinato y desaparición de más de 600 campesinos en esa guerra contrainsurgente, por los presuntos nexos de sus mandos con el crimen organizado, y llega hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Ejército también incurrió en violaciones sexuales a mujeres indígenas, invadió terrenos comunales en la montaña y la sierra (aunque también estuvo en auxilio de la población en tiempos de desastre).
Por eso la oposición de las organizaciones sociales al nombramiento de Sandra Luz Valdovinos no debe entenderse como un rechazo a su persona, sino a esa larga y sombría historia. Cuando Zeferino Torreblanca, el primer gobernador postulado por la izquierda en Guerrero, nombró a un militar -Juan Heriberto Salinas Altés- al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, las protestas fueron las mismas, y quizá por los mismos actores.
Sin embargo, la nueva fiscal tiene la oportunidad de demostrar que el Ejército ha cambiado. Su nombramiento, como todo el gobierno del estado, forma parte de un proceso histórico. Su responsabilidad es estar a la altura y responder a la expectativa de este momento histórico.
Será difícil, sin duda, pero no imposible. Al final, el paso se demuestra andando.
