A 12 años de Morena: entre divisiones y disputas rumbo al 2027
MARIELA DÍAZ SANDOVAL /
Acapulco, 12 de julio de 2026. El pasado 9 de julio, Morena celebró 12 años desde que se le otorgó el registro como partido nacional. Indiscutiblemente, se trata de la organización política más exitosa en el siglo XXI, pues, además de ganar en dos ocasiones la presidencia del país, su emergencia ha transformado el mapa político e institucional de México. Precisamente, su efectividad electoral ha motivado que los distintos grupos al interior del partido, así como actores políticos provenientes de otras fuerzas partidistas, busquen posiciones en cargos públicos. Lo anterior permite preguntarnos cómo se expresa esta diversidad de intereses al interior de Morena. Uno de muchos ejemplos fue el registro de quienes aspiran a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. En los hechos, quien resulte coordinador o coordinadora será el candidato o candidata a la gubernatura en 2027.
Los incentivos para competir son enormes, pues en 17 entidades se renovarán gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales. Hasta el 27 de junio, Morena junto con sus aliados (PT y PVEM) informaron que recibieron 277 solicitudes. Aunque el partido guinda no ha publicado el registro oficial, con los datos disponibles es posible plantear la siguiente pregunta: ¿Qué revela este proceso sobre la conflictividad interna de Morena en el orden local?
Llaman la atención varias entidades en las que se registró un mayor número de aspirantes. De hecho, Guerrero encabeza la lista con 16 registros. La cantidad de aspirantes, por sí sola, no supone un escenario de riesgo para Morena, sin embargo, aporta evidencia sobre la naturaleza de los conflictos internos del partido. Con la información disponible, es posible identificar cinco fuentes de conflictividad que confluyen entre sí. En primer lugar, la sucesión patrimonial en donde familias buscan mantener el control de cargos y espacios, a pesar de que Morena discursivamente ha rechazado esas prácticas -Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas-. En segundo lugar, la tensión con sus aliados. En entidades como San Luis Potosí, Nayarit y Quintana Roo, el PVEM busca la candidatura y, con ello, ganar terreno a Morena. En tercer lugar, el alto nivel de fragmentación y la presencia de corrientes que disputan candidaturas, espacios y las reglas de selección de candidatos -Guerrero, Michoacán y Querétaro-. En cuarto lugar, el desgaste en el ejercicio de gobierno -Sinaloa, Campeche, Michoacán y Sonora-. En quinto lugar, la intervención de la dirigencia nacional en la imposición de reglas, candidaturas y vetos que modifican los equilibrios locales, generando inconformidad y resistencias entre las élites políticas.
La evidencia muestra que una elevada conflictividad puede debilitar la cohesión interna y afectar el desempeño electoral. En casos extremos provoca rupturas, judicializa decisiones internas, motiva la salida de grupos inconformes o, incluso, la expulsión de actores incómodos. Sin embargo, el conflicto por sí mismo no es el problema, sino aquello que lo motiva. Rumbo al 2027, las disputas no giran en torno a la ampliación de derechos de la militancia o a diferencias entre programas políticos, sino que se derivan de la competencia entre grupos y facciones que buscan preservar sus posiciones de poder. Estas fuentes de conflictividad no son excluyentes, por lo que pueden coexistir en una misma entidad federativa, como ocurre en Guerrero, Sinaloa y Michoacán. Es paradójico que el éxito electoral y su posición como partido dominante sean incentivos para que una gran cantidad de actores políticos decidan disputar las candidaturas a cargos públicos. A 12 años desde que obtuvo el registro, el principal desafío de Morena será manejar dichas tensiones derivadas de su posición en el sistema de partidos.
