* La viuda del ex coordinador del Congreso local señaló que, sin excepción, han obstaculizado la investigación en torno a la participación de agentes estatales de Guerrero en el homicidio
* Se cumplen 11 años del asesinato de quien era el más fuerte aspirante a suceder a Zeferino Torreblanca en el gobierno del estado
REDACCIÓN /
Acapulco, 20 de agosto de 2020. Han pasado 11 años de que un día como hoy, pero de 2009, sujetos desconocidos atentaran contra el entonces coordinador del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, afuera de su casa, dándole muerte inmediata.
Desde entonces “los gobernantes que han transitado, todos, después del 2009, se han vuelto cómplices de este artero crimen”, sentenciaron la viuda de Chavarría, Martha Obeso Cázares, y más de 20 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, así como académicos y actores políticos.
En el aniversario del asesinato, hubo una guardia en el Congreso local y otra en el panteón Central, donde fueron sepultados sus restos, y se programó una misa en la catedral Asunción de María.
En el comunicado -leído por Obeso Cázares, y suscrito además por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la Afadem, el Centro Morelos de Derechos Humanos, Centro Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, entre otros, y personalidades como Abel Barrera, Sofía Lorena Mendoza, Nicomedes Fuentes, Hégel Mariano Ramírez, entre otros, se denuncia que la Fiscalía General de la República se negó a atraer la investigación en la que una de sus cuatro líneas de investigación corresponde al ámbito federal, de delincuencia organizada.
El 20 de agosto de 2009, Chavarría recibió 10 impactos de bala en el interior de su domicilio, siete de un arma calibre .380 y tres de una pistola 9 milímetros. Eran tiempos de confrontación con el entonces gobernador Zeferino Torreblanca, quien le había retirado el personal de seguridad que tenía por ser coordinador del Congreso, y quien impulsaba la precandidatura de Armando Ríos Piter al gobierno estatal.
La Fiscalía detuvo en 2011 a cuatro presuntos guerrilleros, a quienes acusó de ser los autores del asesinato, pero con tal inconsistencia que la acusación fue desechada en los tribunales, pero que fue suficiente para que la investigación se quedara estancada.
En noviembre de 2019, ya en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su viuda, Martha Obeso, pidió a la FGR atraer el caso atendiendo a que se trataba de un posible asesinato vinculado con la delincuencia organizada, según la primera hipótesis de la Fiscalía local, y porque se trató de un delito que afecta la libertad de expresión, y porque en Guerrero no hay condiciones para hacer una investigación imparcial.
Pero la FGR dijo no. Dijo que no es de su competencia, y existen mecanismos e instancias que pueden impulsar la investigación.
Las organizaciones firmantes, y la viuda, denunciaron que “hay un olvido institucional del caso, pretendiendo borrer la relevancia política y social de Armando Chavarría”; y por lo mismo hay estancamiento en las investigaciones.
“La fiscalía local no ha garantizado a la víctima, a sus familiares y a la sociedad guerrerense, nuestro derecho fundamental de conocer la verdad y de acceso a la justicia, porque no sólo no se han esclarecido los hechos, sino que no hay muestras de que exista un interés en querer hacerlo”f, señalaron.
Pero, sobre todo, advirtieron que “hay una complicidad institucional, al ocultar la verdad y encubrir a los autores materiales e intelectuales, debido a que se han dado a conocer indicios de que en la planeación y comisión de la ejecución extrajudicial de Armando Chavarría Barrera, existió la participación de servidores públicos estatales de Guerrero, sin que hasta esta fecha se haya seguido esa línea de investigación y, por el contrario, las autoridades estatales se han dedicado a entorpecer, impedir y alterar las investigaciones del caso, como lo manifestó el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero en aquél entonces, Alberto López Rosas, el 18 de agosto del 2011, quien señaló al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo de haber ordenado la sustracción del expediente del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera, con el propósito de borrar evidencias, de lo cual quedó constancia en los diversos medios de comunicación”.
“Esto significa -leyó Obeso Cázares-, que los gobernantes que han transitado, todos, después del 2009, se han vuelto cómplices de este artero crimen al ignorar estos elementos y, por lo tanto, tenemos el deber de evidenciarlos, porque la lucha por la verdad y la justicia, incluye la lucha por la no repetición de estos lamentables hechos”.
Dijo que está en trámite un juicio de amparo indirecto contra la decisión de la FGR de atraer las investigaciones y consideró indignante que las víctimas y demás ofrendidos tengan que acudir a los tribunales para obligar a las autoridades a cumplir con los deberes propios de sus encargos.
“La justicia retardada, es justicia denegada, a lo largo de estos 11 años de impunidad, diversos sectores de la sociedad han estado presentes en el reclamo al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, por el esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato planeado en las esferas del poder”, señaló.
Sostuvo que este caso “ejemplifica el funcionamiento del sistema de justicia en México, ante la falta de una investigación seria y de garantías de protección a la víctima u ofendido del delito, una actitud cómplice de las instituciones”.
