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* Allana la policía estatal domicilios en los bienes comunales de Cacacahuatepec, denuncia

* Testigos: los guía un presunto sicario que confesó haber sido contratado para matar a Marco Suástegui

REDACCIÓN    /

 

Acapulco, 09 de enero de 2018. El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que hay indicios para suponer que los tres policías comunitarios abatidos por la policía estatal y federal el domingo en La Concepción, fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

En entrevista, dijo que hay testimonios que indican que los policías no opusieron resistencia, mientras que por otra parte el número de elementos de las corporaciones que participaron (Policía Estatal, Policía Federal, Ministerial y Ejército) eran evidentemente superiores en número y armamento, y desde el principio sometieron a los comunitarios.

“Nosotros tenemos indicios por las personas que estuvieron ahí, de cómo los policías dispararon a los comunitarios. Obviamente esto obliga a que se investigue adecuadamente, a que se haga una revisión minuciosa de cómo se dio la escena de los hechos, pero por los testimonios que nos dan ellos, ninguno opuso resistencia. Es más, por la forma en cómo se actuó, la policía en cuanto a número de elementos y de tipo de corporaciones, era proporcionalmente muy diferente”, señaló.

“Estamos hablando de policías que estaban ya sometidos y que no había ningún riesgo de que se pudiera actuar en contra de las fuerzas represivas del Estado, sin embargo, el objetivo fue usar las armas”, dijo.

Ese solo hecho, añadió, demuestra que hubo “un exceso de la fuerza letal, porque fue para privarlos de la vida. Eso nos indica que en verdad hubo una acción arbitraria, premeditada, excesiva, donde la intención fue privar de la vida. Eso es grave, y obviamente las autoridades tienen que hacer sus propias investigaciones”.

Los policías resguardan, al fondo de un baldío, los cadáveres de los campesinos abatidos en el operativo. Foto RRB.

A su vez, el abogado del mismo centro, Rogelio Téliz García, denunció que después del aparatoso operativo del domingo, el poblado de La Concepción permanece sitiado y no se ha permitido a los abogados tener acceso al lugar de los hechos para verificar las versiones que han recabado de testigos. Consideró que esto es reprobable porque los policías y peritos ya tuvieron tiempo suficiente para realizar todas las diligencias, pero no les permiten llegar ni a la comandancia de la policía comunitaria ni a la iglesia ni a la comisaría.

 Señaló que los policías estatales después del operativo, en el que resultaron muertos tres policías comunitarios, y detenidas 38 personas, han estado allanando las casas de los comuneros que pertenecen a la Policía Comunitaria, con el argumento de que buscan armas y drogas. Sin embargo dijo que lo hacen sin ningún mandato de juez alguno y de manera violenta.

Téliz García responsabilizó al gobierno del estado de cualquier nuevo enfrentamiento que pudiera registrarse en la comunidad por la forma en que está operando la policía estatal.

A su vez, las esposas de los líderes del Cecop, Marco Antonio Suástegui y Vicente Suástegui, María de Jesús Pérez y Samantha Colón, respectivamente, denunciaron que los policías estatales están siendo guiados por un individuo que estaba en proceso de reeducación (detenido) por la Policía Comunitaria, confeso de haber sido contratado como sicario para asesinar a Marco Antonio Suástegui.

Este hombre, que se hace llamar Alejandro Liborio López, Guillermo Marín López e Iván Soriano Leal, alias El Chistorete, fue “rescatado”, según informó el fiscal Xavier Olea Peláez en conferencia de prensa el mismo domingo. Las mujeres relataron que los policías abrieron la puerta de la habitación donde se encontraba, dándole un balazo a la chapa, y ahora lo usan para ubicar las casas de los comunitarios.

Así, relataron, los policías catearon la casa del señor Faustino Colón, de Elpidio Hernández y del comunitario asesinado en la madrugada, Ulises Martínez García, en Aguacaliente; y de Cenobio Carmen, en La Concepción. Buscaban, según dijeron, armas y drogas, por lo cual al irrumpir ilegalmente en las viviendas tiraron todas las cosas, levantaron colchones y hasta metieron las manos en los botes de basura de los baños.

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