ALFREDO ESTÉVEZ* /
Parte 1
La seguridad pública se ha convertido en una de las demandas más urgentes de la sociedad mexicana, aunada a la percepción ciudadana sobre la incapacidad del estado para garantizar la paz y tranquilidad en el territorio nacional; a grado tal que se ha llegado a someter en el debate académico y político, el cuestionamiento sobre la viabilidad del Estado Mexicano, cobrando vigencia dicha aseveración en estados y municipios en los que el dominio del crimen organizado ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades.
En México, desde la década de los años 90 del siglo pasado, el tema de la seguridad pública cobró gran relevancia debido al crecimiento exponencial de los índices delictivos y el florecimiento del narcotráfico como una verdadera amenaza a la paz y estabilidad social, agudizándose el problema de la inseguridad en el país y en respuesta el gobierno federal 1994-2000, promovió una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la seguridad pública como función del Estado, transformando su concepción -considerada antes como un servicio absolutamente policial- en una visión integral en cuyo tenor el Sistema Nacional de Seguridad Pública sería el eje rector para la implementación de dicho cometido.
No obstante la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer políticas públicas, programas y acciones que tiendan a garantizar los cometidos de la seguridad pública, siendo esencialmente garantizar la vida, integridad física, derechos y posesiones de la ciudadanía, en términos generales los niveles de inseguridad en el territorio nacional se han incrementado de forma alarmante, agravándose aún más en estados y municipios que día a día padecen extorsiones, ejecuciones, robos y un número indeterminado de conductas delictivas generadas en su mayoría por el crimen organizado; todo esto ante la ineficacia de las autoridades policiales en el mejor de los casos, y de una evidente colusión de estas con los delincuentes en el peor de ellos.
Con todo ello, es recurrente escuchar a lo largo y ancho del territorio nacional, historias de la ciudadanía donde nadie escapa al acoso de la delincuencia, generándose una sensación de impotencia, miedo y frustración para vivir en condiciones mínimas de seguridad, lo que se corrobora con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE 2018) dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 25 de septiembre de 2018, en la que 64.5% de la población considera que la inseguridad y la delincuencia son el mayor problema que aqueja a su entidad federativa y 79.4% considera como inseguro el estado en que vive; lo que obliga a analizar si el mandato constitucional se cumple a cabalidad por parte de los tres órdenes de gobierno: Federación, Estados y Municipios, y, a partir de ahí plantear desafíos y propuestas ante el flagelo de la inseguridad.
Ante la iniciativa que presentó Morena en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 21 constitucional, encontramos una ventana de oportunidad para que la figura de la seguridad pública tenga un replanteamiento integral y se constituya en una oportunidad histórica, para que como sucedió en 1994, se realice una transformación profunda de todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y no se constituya solamente en una reforma de maquillaje y de corto plazo y perder así la oportunidad histórica que nuestro país requiere.
En este orden de ideas, podemos concluir que siendo la seguridad pública una función del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, actualmente enfrenta serios desafíos que deben atenderse de forma integral y con el diseño de políticas transversales: 1) La prevalencia del ámbito constitucional, que implica una reforma a la Carta Magna que replantee la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública conforme a los modelos policiales imperantes en el derecho comparado, particularmente Europa y Estados Unidos, así como la integración normativa de los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior. 2) La armonización del andamiaje legal y administrativo y el diseño de políticas públicas con lo cual se fortalezca institucionalmente a los cuerpos policiales. 3). La problemática institucional y el combate a la corrupción. 4) El diseño de un modelo de desarrollo económico que priorice a los sectores sociales más desprotegidos, que, ante factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, son quienes más han padecido el flagelo de la inseguridad en todas sus vertientes. 5) La implementación de estrategias de prevención del delito con contenido social, en las que prevalezca, además de una real y efectiva participación ciudadana, la dignificación de la función policial ante la sociedad.
* Analista y académico
alfredestevez@hotmail.com
