* «¿En dónde los tienen ahorita? ¿Ellos se encuentran aquí? ¿Ya comieron?»
ROSALBA RAMÍREZ HERNÁNDEZ /
Acapulco, 17 de mayo de 2017. Familiares de los 42 policías municipales de Zihuatanejo que fueron detenidos ayer y trasladados hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco, increparon a oficiales del estado, quienes les negaron la entrada a esas oficinas este mediodía.
«¿En dónde los tienen ahorita? ¿Ellos se encuentran aquí? ¿Ya comieron? Si supiéramos que están aquí estaríamos más tranquilos», reprocha un grupo de cinco mujeres que se acercan a la entrada de la PGR para abordar a los policías estatales. Los agentes sólo atinan a responder: «Sí están aquí, jefa, vengan en el transcurso de la noche».
En un comunicado difundido la tarde de este martes, el gobierno del estado indicó que «derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de Policía Municipal de Zihuatanejo, el gabinete de Seguridad Federal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tomó la determinación de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación».
Esa acción fue realizada por agentes de la Policía Estatal, el Ejército, la Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del estado, quienes detuvieron a tres presuntos delincuentes y a 42 policías no acreditados.
Hoy en Acapulco, al mediodía, familiares llegaron a la PGR para preguntar por sus familiares. Al mismo tiempo, periodistas protestaban por las agresiones y asesinatos al gremio y para ambos sectores, una barricada de policías estatales los esperaban.
Indalecia Muñoz Pacheco, esposa de uno de los policías detenidos, alertó en entrevista, que aún no se les asigna un abogado de oficio y no cuentan con garantías, además de que, desde el traslado de Zihuatanejo a Acapulco, no se les asigna a un representante de Derechos Humanos.
«No sabemos cómo están, no sabemos si están bien, si ya comieron o no. Hay muchas personas de los que están allá adentro que son diabéticas e hipertensas y sufren de la presión, alertó.
Esta última declaración de Indalicia Muñoz, sobre las enfermedades crónicas de los detenidos, coincide con la que realizaron ayer compañeros de los policías municipales en Zihuatanejo.
Un reportero preguntó a la esposa si tenían la certeza de que sus familiares se encontraban en ese lugar. La respuesta fue: «A nosotros nos mandaron pa este lado porque dicen que aquí los tienen. No nos lo han asegurado y no nos dan el acceso ni aunque sea a una persona para pasar y averiguar si es verdad que están ahí».
La esposa indicó que la última información que tiene del ayuntamiento de Zihuatanejo, es que «están trabajando en ello y están tratando de ver con el departamento jurídico como se va a proceder con esta situación».
Dijo que con el alcalde de ese municipio, Gustavo García Bello, no han podido entablar una comunicación directa y solo es a través de sus representantes.
«Es mi esposo el que está ahí, él estaba trabajando y estaba adentro de la unidad cuando se lo trajeron. Mi esposo va a cumplir 27 años trabajando para Zihuatanejo como servidor público», informó.
Al señalarle que la detención se dio por un presunto vínculo con la delincuencia organizada, defendió que «al parecer, no se les ha comprobado nada, para eso estamos nosotros aquí para saber y que nos aclarezcan la situación en la que ellos están».
«Son seres humanos, ¿por qué se los trajeron de esa forma? No son animales, mucho menos delincuentes», defendió.
Otro reportero hizo otra pregunta y ya desesperada, Indalicia Muñoz Pacheco vociferó: «obvio que no me resuelve (el diálogo entablado con el alcalde a través de sus trabajadores). Me desespera la situación porque la última vez que yo tuve comunicación con mi esposo, manifestó que le dieron 48 horas para que se resolviera esto, si no se iba a proceder de otra manera».
